Cuando el 24 de marzo del 2020, la Xunta de Galicia aprobó el Acuerdo de 24 de marzo de 2020 (DOG 26 marzo de 2020) por el que se establecían medidas preventivas en el ámbito de la sanidad mortuoria, ahora sin vigencia, según el ACUERDO de 28 de mayo de 2020 (DOG 29 de mayo de 2020)1, pensé en las decisiones que han tenido que tomar los gobiernos en materia de salud mortuoria y como estas han sufrido rápidas modificaciones. Así pasó con la actual pandemia de COVID-19, y ha sucedido durante varios periodos de epidemias. El peligro de enfermar que representó un número alto de muertos por enfermedades contagiosas, fue un interés prioritario en materia de higiene pública desde el surgimiento de esta como disciplina de los cuidados. En muchos de los casos, se trató de medidas urgentes, tomadas por periodos relativamente cortos para, entre otros asuntos, legislar sobre los enterramientos, por ejemplo, cuando los cementerios municipales no se daban abasto.
Los cementerios parroquiales en Mondoñedo-Ferrol, 1931-1933. Una historia que protagoniza el pueblo gallego
